La Sala Primera del Tribunal Constitucional decide por unanimidad que los laudos arbitrales han de ser considerados como decisiones firmes, no pudiendo ser valorados como sentencias revisables.

La histórica sentencia está fechada el pasado 15 de febrero y tiene su origen en un recurso de amparo presentado por la firma Bernardo Cremades, que ya había ganado originalmente el arbitraje. Así pues, el despacho interpuso el recurso el 15 de julio de 2018 en el marco de la guerra por la herencia del marqués de Paúl que enfrentaba a la viuda Bárbara Kalachnikoff y al primogénito del marqués, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna.

Al contrario de lo que tendían a hacer los tribunales, especialmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional supone ubicar el arbitraje dentro del artículo 10 de la Constitución (autonomía de voluntad) y no en el 24 (derecho de tutela judicial), respaldando pues la autonomía de la institución arbitral y certificando que el arbitraje, como mecanismo de resolución de controversias, es consustancial a la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes.

La sala insistió en que la acción de anulación no debe ser considerada como una segunda instancia, sino como un mecanismo previsto en la legislación arbitral cuyo uso es “muy limitado”, no permitiendo revisar el fondo de las cuestiones decididas por el propio árbitro.

Esta sentencia supone la confirmación de la corriente iniciada en la conocida sentencia dictada el pasado 15 de junio de 2020 por el Alto Tribunal, que definía el criterio limitativo de la acción de anulación y el alcance restrictivo del orden público, incluso material. Un éxito logrado por Ana Barriga, Senior Associate de la firma Íscar Arbitraje.

Accede a ambas sentencias aquí.

  • Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de junio de 2020. (VER)
  • Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de febrero de 2021. (VER)


Fuente original: vozpopuli.com

Imagen extraída de: tribunalconstitucional.es